28 dirigentes del gobierno juzgados por corrupción y otros delitos

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La Sala Única de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Artemisa juzgo a veintiocho dirigentes comunistas de los municipios San Antonio de los Baños y Güira de Melena en la occidental provincia cubana.

Después de varios meses de detención e investigación en la Unidad de Delitos contra la Seguridad del Estado de la provincia Artemisa, los encartados fueron juzgados por los delitos de Malversación, Falsificación de Documentos Públicos, Trafico de Influencias, Actos en Perjuicio de la Actividad Económicas Ilícitas e Incumplimiento del Deber de Denunciar.

Los implicados en este escándalo político: Ana Isabel Pino Ramírez, Erenia Pérez Ibañez, Carlos Manuel González Balmaceda, Jesús Santisteban Acuña, Servilio Celso Hernández Atrio, Lázaro Alexander Torres Cardín, Orlando Ávila Martínez, Luis Miguel Zamora Gómez, Juan Bautista Ramírez Moreno, Claudio Oliva Abreu, Yasser Ortega Gandulla, en prisión provisional, y Juan Alexis Hernández García, Ivany O´Relli Masa, Tania Lugones Pedroso, Bertha O´Relli Hernández, Emilia Vásquez Acosta,  Marilyn Rodríguez Guerrero y Aracelis Fernández Pérez, bajo medida cautelar, y Gerardo Lastra Martin, Caridad Pérez González, María Victoria Castro Llopiz, Yanet Castillo Hernández, Orestes Felipe López Martínez, Iván Rodríguez Salazar, Lorenzo Barzaga Merino, María Elena Guerra García, Carlos Manuel Solano Valle y Jorge Carlos Hernández, eran dirigentes del Poder Popular municipal y provincial, así como directivos de dependencias estatales.

Desfalcaron millones de las arcas públicas, según los informes fiscales, -a los que este reportero tuvo acceso por una de las fuentes, quien no quiso se revelara su identidad por temor a represarías de las autoridades.

“Lo que debería ser usado para hospitales, carreteras, apoyar a los campesinos, enfermos mentales y otros casos sociales, paró en los bolsillos de estos funcionarios corruptos e irresponsables”, señala la fuente.

Los acusados, también ocupaban cargos en la Asamblea Municipal y provincial del Poder Popular.

Actuaban en complicidad con los vice-jefes del Consejo de la Administración y varios directivos de entidades claves del Estado, como Vivienda, Mantenimiento Constructivo, Salud Pública, Cultura, Deporte, así como dependencias internas del Consejo de la Administración Municipal, según las conclusiones de la fiscalía.

Un PowerPoint presentado ante el tribunal revela hechos comprobados contra los acusados, en los que se muestra las cuantiosas sumas de dinero para su enriquecimiento personal, como la compra de propiedades, casas, terrenos, carros, y dinero en efectivo.

“Operaban como una especie de mafia organizada, en atracos donde resultaron perjudicadas decenas de familias consideradas como casos sociales críticos”, dijo la fuente.

Los afectados no recibían el subsidio correspondiente para la reparación de sus hogares, sobresaliendo los casos de personas con retraso mental. Sus viviendas están priorizadas al ser damnificados por derrumbes totales en eventos meteorológicos ocurridos hace más de diez años.

A pesar del hermetismo con que las autoridades tratan el tema, este reporte pudo conocer el elevado nivel de vida que llevaban los acusados, sobresaliendo el caso del Presidente del Gobierno de San Antonio de los Baños, Tomás (Tommy) Prieto Robaina, así como el de su vice, Jorge Iván Valle Barrios.

“A ambos les fueron ocupados varios autos, casas y gran cantidad de dinero en moneda convertible (cuc) y pesos nacionales, todo ello fruto de la corrupción”, dijeron vecinos consultados, quienes se negaron se revelará su identidad.

También fue juzgada la Vicepresidenta del Consejo de la Administración Municipal en Güira de Melena, Ana Isabel Pino Ramírez, de conjunto con la directora de Vivienda y varios funcionarios del gobierno en el municipio.

“Valiéndose de su investidura y cargo, con idéntico proceder y para su beneficio personal, desfalcaron del presupuesto destinado a obras públicas y sociales”, señala el documento de las conclusiones fiscales.

Resultó incluido como acusado, además, aunque en menor grado de criminalidad, el hasta entonces Presidente del Gobierno en el territorio, Orestes Felipe López Martínez.

En los dos casos municipales, también terminaron acusadas personas que servían de testaferros de estos “honorables Revolucionarios”. Todos fueron procesados de conjunto, en dependencia a su implicación en los hechos.

Según otra fuente, en ninguna de las vistas judiciales realizadas se menciona si las familias que fueron perjudicadas se les retribuirán de lo que fueron despojadas por los dirigentes.

Aunque autoridades cubanas juzgan a algunos funcionarios por casos de corrupción, estos no son trasmitidos por los medios de comunicación masivos municipales, provinciales y nacionales, todos en poder del Partido Comunista.

Hasta la fecha ni la radio ni la televisión local han hecho referencia de este caso de corrupción en Artemisa, que no es el único de los últimos 3 años.

Los encartados enfrentan condenas que oscilan entre uno y veinte años de privación de libertad.

Fuente: Por Jorge Bello Domínguez/ HABLEMOS PRESS.