Juez de Miami ordena arresto domiciliario para exoficial de la Seguridad del Estado

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Saúl Santos Ferro, el cubano que fue detenido en Miami por el FBI acusado de fraude migratorio y de ser un exagente de la Seguridad del estado, compareció ante una corte de justicia y le fue fijada una fianza de cien mil dólares, informó El Nuevo Herald.

Además, el juez dictaminó que Ferro de 73 años deberá permanecer bajo arresto domiciliario y tendrá que llevar un dispositivo de rastreo GPS para que los oficiales sepan en todo momento dónde se encuentra.

De acuerdo con los documentos del caso, el cubano fue detenido el pasado martes y está acusado de mentir en su solicitud para la residencia permanente en Estados Unidos, pues cuándo le preguntaron si había pertenecido a una organización política o institución militar dijo que no.

“Al completar su formulario en el 2013, Santos Ferro hizo una serie de mentiras y tergiversaciones en su solicitud para registrarse como residente permanente que le presentó a las autoridades de inmigración de EE.UU para obtener el estado de residente permanente legal”, reveló la fiscalía.

Sin embargo, luego se comprobó que Ferro tuvo el grado de teniente coronel en Cuba, además trabajó en varias prisiones de Pinar del Río y participó en distintos operativos militares.

Por su parte Brian Benczkowski, secretario auxiliar de Justicia, informó que el Departamento de Justicia continuará persiguiendo a las personas que han mentido en cualquier trámite migratorio.

“Saúl Santos Ferro supuestamente mintió a las autoridades de inmigración sobre su membresía en la fuerza de seguridad del gobierno cubano para obtener el estatus legal de residente permanente. El Departamento de Justicia continuará procesando agresivamente a los que buscan explotar nuestro sistema de inmigración a través del fraude y el engaño”, expresó.

Ferro, quien llevaba un tiempo viviendo en Miami fue denunciado a través de las redes sociales por cubanos del poblado San Cristóbal que lo reconocieron, puede enfrentar una condena de hasta diez años de prisión por fraude migratorio.

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